La devastadora dana del 29 de octubre tensionó todas las infraestructuras de la provincia de València, también las hidráulicas. La afección de los sistemas empleados para el tratamiento y la distribución de agua potable sufrieron graves afecciones, de forma que las administraciones competentes en el área metropolitana se vieron obligadas a improvisar soluciones y reparaciones en tiempo récord con tal de no dejar sin agua potable durante semanas a dos millones de personas.

Las roturas más importantes se registraron en el canal que conecta el río Júcar con el Turia, un elemento clave en el funcionamiento del ciclo integral del agua. De este canal se alimenta una planta potabilizadora en Picassent y otra en Manises, desde donde se envía el agua a más de medio centenar de municipios del área metropolitana y Camp de Morvedre. El conducto Júcar-Turia transcurre en perpendicular a obstáculos hidrográficos desbordados el pasado 29 de octubre, como el barranco del Poyo o el río Magro.

La infraestructura colapsó en varios puntos: el barranco de la Horteta y el barranco del Poyo. Y mientras la potabilizadora de Picassent siguió recogiendo agua del Júcar con normalidad, no ocurrió lo mismo con la de Manises, muy perjudicada. Ni entraba agua del canal ni podía alimentarse del Turia, que bajaba con mucho barro y turbidez. Dicha planta ha estado con un rendimiento muy bajo durante días y las entidades coordinadas en la gestión del suministro —CHJ, Emshi, Global Omnium— han contado con menor capacidad de producción para enviar agua.

No ha sido el único inconveniente. Los municipios más golpeados por la catástrofe han doblado su consumo debido a una conjunción de factores: las múltiples fugas en las redes de domicilios como Paiporta, Catarroja o Massanassa (se ha perdido mucha agua por el camino del abastecimiento) y la limpieza a destajo desde el mismo miércoles 30 de octubre.

Esta crisis en el suministro se entiende mejor con una analogía. El agua potable funciona como una cuenta corriente: los ahorros en el banco serían los depósitos de agua, los ingresos equivaldrían a la producción de agua (potabilización) y el gasto sería el consumo. El ingreso se ha visto mermado y el consumo se ha disparado, desequilibrando la provisión habitual y exigiendo fórmulas de emergencia.
Para compensar el déficit, las entidades coordinadas en la gestión de este capítulo específico de la tragedia han aplicado varias medidas de solidaridad hídrica. Por un lado, han reducido la presión del suministro nocturno en los puntos no afectados, por ejemplo València capital. Esta medida comporta pequeñas incomodidades como la disminución de agua en las viviendas de plantas altas sin bomba de presión.

Además, dentro de esta política solidaria, muchas localidades han recurrido a sus propios pozos para liberar la red principal. Sagunt, por ejemplo, ha puesto en marcha su desaladora para abastecerse y no demandar agua desde el canal Júcar-Turia. Y de manera complementaria los ayuntamientos han llamado a sus vecinos a hacer un uso responsable de este bien tan preciado en plena estrechez hídrica.

Por otro lado, se han acometido tres obras de emergencia para reparar provisionalmente el conducto dañado y de este modo poder enviar agua a los municipios conectados con la potabilizadora de Manises. La infraestructura necesita una puesta a punto de mayor envergadura, pero los trabajos realizados tras la dana han logrado que funcione al 50 % de su capacidad. Un auténtico milagro dadas las circunstancias.
Finalmente, las distintas entidades implicadas en hacer llegar agua potable a los domicilios del área metropolitana de València formaron un regimiento de 140 fontaneros, muchos de ellos procedentes de Bilbao, Madrid, Sevilla o Málaga. Estos profesionales visitan los pueblos de la zona cero para reparar las fugas allí donde se van detectando. De ese modo, se consiguió reducir el consumo de los municipios más afectados. En suma, la colaboración funciona en varios frentes: los ciudadanos soportan bajadas de presión, los municipios aportan agua de sus pozos para reducir la demanda y las entidades, con ayuda de fontaneros de toda España, reparan las fugas de las redes de agua en alta y en baja para restablecer el equilibrio. El resultado es que los dos millones de usuarios del área metropolitana ya han visto restablecido el servicio en las acometidas de sus casas, más allá de roturas puntuales en bombas de presión que se irán solventando con cirugía fina.

La CHJ ejecuta 57 millones en obras

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya ha adjudicado unos 57 millones de euros en obras de emergencia para reparar los daños ocasionados por la dana del 29 de octubre en sus infraestructuras hidráulicas. Los trabajos se centran en restaurar el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que monitorea en tiempo real cada cinco minutos los caudales circulantes por ríos y ramblas así como las precipitaciones, y también dos de los grandes canales de la demarcación: el del trasvase Júcar-Túria, que abastece de agua potable a València y su área metropolitana, y el del Camp de Túria, que riega 24.500 hectáreas de esta comarca y de la Serranía.

Unos 18,6 millones se han destinado a revertir los destrozos causados por la dana en el SAIH, unos trabajos que han empezado ya con la instalación de varios caudalímetros provisionales, entre ellos el que recogía los datos de aforos de la rambla del Poyo a su paso por Riba-Roja que se llevó la riada por delante poco antes de las 19 horas del martes 29 de octubre, cuando registraba más de 2.228 m³/s, más de seis veces el caudal del Ebro.

Sin embargo, la inversión más grande en obras de emergencia son los más de 25,7 millones de euros destinados a la reparación de daños en el canal Júcar-Túria, una obra que fue adjudicada el pasado 13 de noviembre. «Los trabajos se están llevando a cabo con urgencia dada la importancia estratégica de esta infraestructura en el suministro de la ciudad de València y su área metropolitana», recalcan desde la CHJ.

La rápida reacción de la Diputación

La Diputación de València se puso rápidamente en marcha para paliar las consecuencias de la dana. A través de la empresa de aguas que gestiona, Egevasa, decidió suspender el cobro del recibo del agua a los usuarios de los municipios afectados. Es una de las medidas que se acordaron junto a otras iniciativas encaminadas a los ayuntamientos, con la intención de facilitar la gestión de la catástrofe en las zonas más dañadas, explicó la vicepresidenta primera y responsable de Egevasa, Natàlia Enguix.

La Diputación de València que preside Vicent Mompó trabaja desde el primer minuto de la catástrofe en el restablecimiento de servicios básicos como el de agua potable y en la reconstrucción de infraestructuras imprescindibles para las comunicaciones y el acceso a los municipios afectados, como son carreteras y puentes. La corporación provincial ha destinado una partida de nueve millones para actuaciones de urgencia en los municipios con infraestructuras hídricas dañadas. En carreteras, el área que dirige Reme Mazzolari ha destinado alrededor de 30 millones de euros para poner en servicio las vías afectadas de la red provincial y reconstruir 26 puentes que constituyen accesos directos a núcleos de población. En materia de agua, Egevasa trabaja igualmente en la reparación de 75 depuradoras dañadas, en este caso junto a la Epsar, y se encarga de realizar las analíticas para comprobar la calidad del agua, que debe certificar en última instancia Salud Pública.