El agua arrasó con todo. Literalmente. Como un tsunami de interior, se llevó a su paso personas, coches, árboles, objetos de comercio, muebles, puertas, ventanas, naves industriales… Nada se resistió. El panorama después de la batalla fue sin duda desolador. Centenares de miles de valencianos perdieron total o parcialmente su patrimonio.

Eso fue hace poco más de un mes. Tras unas labores de limpieza que todavía no han terminado, el tiempo de la reconstrucción ya ha llegado. Es hora de que los damnificados cobren las indemnizaciones y las ayudas para ponerse de nuevo en marcha. Administraciones públicas, empresas, empresarios a título individual, entidades financieras…, las aportaciones se han multiplicado en las últimas semanas.

La movilización de dinero público solo es comparable a la de los recientes tiempos de la pandemia del coronavirus. Y es equiparable a las primeras estimaciones de daños que se están realizando, todavía muy preliminares. La Cámara de Comercio de Valencia calcula unas pérdidas de 13.300 millones de euros en el tejido productivo de la provincia, sin contar con el daño que han sufrido tantas y tantas infraestructuras.

En total, están encima de la mesa, por el momento, 17.000 millones de euros, de los cuales la parte sustancial corresponde al Gobierno central, que ha movilizado 16.600 millones de euros, de los que más de 10.000 son ayudas directas. Con esto, el ejecutivo prevé que el escudo social desplegado ayudará a unos 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas.
 
Por su parte, el Consell, entre otras medidas, ha puesto 90 millones a disposición de los autónomos y 200 en aportaciones directas para las personas afectadas a interés cero, a través del Instituto Valenciano de Finanzas. Además, la Generalitat Valenciana aprobó también la concesión de 50 millones en ayudas directas a los municipios afectados para cubrir los gastos de daños en bienes e infraestructuras.

Algunas de las ayudas, las que no dependen de trámites administrativos, como es el caso de las que ha concedido el presidente de Mercadona, Juan Roig, han sido ingresadas en las cuentas con gran rapidez. Estamos hablando de algo más de 70 millones de euros. Las que proceden del sector público sufren la habitual tardanza que acompaña a la burocracia, pero ya están llegando. A modo de ejemplo, el Ministerio de Hacienda ha informado esta misma semana de que ya ha repartido entre los afectados un total de 144 millones de euros.

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), una entidad clave porque es la que se hace cargo de buena parte de las indemnizaciones por los daños provocados por la dana, también ha puesto cifras que hablan a las claras de la magnitud de la tragedia y de la necesidad de ayudas —en diferente graduación— que tienen los cerca de un millón de personas que viven en los 78 municipios afectados por la dana. Hasta finales de noviembre, el CCS había recibido y registrado casi 216.000 solicitudes de indemnización, de las cuales la parte más abultada corresponde a los vehículos, con casi 129.000 afectados. Le siguen las viviendas, con cerca de 70.000, los comercios, con 12.600, las industrias, con 3.800 y las oficinas, con casi mil. De todas esas peticiones, el consorcio había resuelto el pasado 29 de noviembre, justo un mes después de la dana, 6.436 solicitudes por un importe global de casi 100 millones de euros.  De nuevo, la cifra más elevada corresponde a los vehículos, con 3.992 indemnizaciones abonadas por un importe de 30,9 millones de euros. A continuación aparecen las casi 2.000 (19,3 millones) por viviendas damnificadas y las 375 de los comercios, por un total de 15,7 millones.
 
Los coches fueron en número el bien mueble más afectado. El decreto-ley del Ejecutivo señala que para la adquisición de vehículos nuevos se añadirán 10.000 euros más a lo que aporte la indemnización del Consorcio si es un coche eléctrico , mientras que para la compra de un coche híbrido o de combustión  el importe llega hasta los 5.000 euros. Si, por el contrario, se opta por uno usado, la horquilla de la bonificación se sitúa entre los 4.000 —para un eléctrico— y los 2.000 euros para híbrido y combustión.  Por su parte, en el caso de las motos nuevas se darán 2.000 euros si son eléctricas y 1.000 si son híbridas o de combustión y, si son usadas, entre 1.000 y 500, respectivamente.

En cuanto a la vivienda, las ayudas del Gobierno por daños en el domicilio habitual o arrendado son de hasta 60.480 euros por la destrucción total del inmueble; de hasta 41.280 euros por perjuicios que afecten a la estructura; de hasta 20.640 por roturas que no afecten a la estructura; y de hasta 36.896 euros por desperfectos en elemento comunes de una comunidad de vecinos. En el caso de los enseres (muebles y electrodomésticos) y todo lo que hace habitable una casa el apoyo es de hasta 10.320 euros. Por otro lado, las ayudas anunciadas por la Generalitat llegan hasta 6.000 euros por vivienda afectada.
 
Para posibilitar el acceso inmediato a liquidez a hogares, autónomos y empresas sin necesidad de esperar al pago de las indemnizaciones y ayudas de cualquier administración pública o del Consorcio de Compensación, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha abierto una línea de 5.000 millones de euros que permitirán movilizar 6.250 millones en la zona afectada, principalmente. Se trata de avales a coste cero, si bien quien pida un préstamo de estos tendrá que negociar el interés con la entidad financiera.

Restablecimiento de los servicios

Asimismo, el paso de la dana por la provincia de València dejó a cientos de miles de personas sin servicios básicos como la sanidad, la educación, el suministro eléctrico, el de agua potable o la conectividad móvil, entre otros. Durante los días y semanas posteriores a la tragedia, miles de profesionales y voluntarios se han volcado con tal de restablecer estos servicios esenciales en los municipios afectados.

Así pues, la riada anegó 114 centros educativos y dejó sin clases a miles de estudiantes que tuvieron que ser realojados en otros centros. Un mes después, 40.000 de ellos ya han vuelto a clase en sus municipios y tan solo quedan 18 escuelas por abrir.

Lo mismo ocurre en los 117 centros de salud afectados por la dana —a diferentes niveles— y que atienden a más de 780.000 valencianos. Tras semanas de trabajo intenso para restablecer el servicio, actualmente el 90 % de ellos han recuperado su actividad normal y los cinco más castigados han iniciado ya los trabajos de reconstrucción.

Respecto al suministro eléctrico, cabe destacar la labor realizada por Iberdrola desde el día siguiente a la tragedia. La compañía movilizó a 500 profesionales y, en tan solo una semana, logró reparar el 99 % de la red eléctrica afectada, que dejó a 155.000 usuarios sin suministro. También se ha recuperado el servicio fijo de telefonía para 220.000 clientes a través de la instalación de antenas móviles en algunos municipios afectados, como Picanya  o Paiporta.

Por último, respecto al suministro de agua potable, la colaboración entre los diferentes municipios ha permitido salir rápido de una emergencia provocada por la rotura del canal Júcar-Turia, que conecta las potabilizadoras de Picassent y Manises. En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha anunciado la adjudicación de unos 57 millones de euros en obras de emergencia para reparar los daños ocasionados en sus infraestructuras hidráulicas.