Como ya sucedió durante la pandemia, cuando hubo que socorrer a tantos negocios obligados a cerrar sus puertas por el estado de alarma en 2024, el Gobierno ha vuelto a recurrir al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para propiciar liquidez a personas y empresas que han visto cómo sus viviendas y las sedes de sus mercantiles quedaban devastadas por la fuerza de la riada. La inyección de capital, a través de avales, es de gran relevancia. Concretamente, 5.000 millones de euros que, según el presidente de dicha entidad, el valenciano Manuel Illueca, permitirán movilizar 6.250 millones en la zona afectada, principalmente.
Esta línea posibilitará el acceso inmediato a liquidez a hogares, autónomos y empresas sin necesidad de esperar al pago de las indemnizaciones y ayudas de cualquier administración pública o del Consorcio de Compensación de Seguros. Dichas ayudas e indemnizaciones se utilizarán como garantía de financiación, siendo el aval del Estado gratuito.

Las ayudas se articulan en tres modalidades según el beneficiario de la financiación y el destino de la misma. Los beneficiarios de las dos primeras modalidades, dirigidas a atender las necesidades más urgentes de liquidez, son hogares y autónomos y empresas. El porcentaje del aval asciende al 80 % del principal y tiene un coste cero para las entidades financieras, lo que a su vez repercutirá en un menor coste para el cliente. La financiación se instrumenta a través de los bancos que colaboran en su gestión, que serán los encargados de aprobar y tramitar la financiación en las condiciones establecidas.

El préstamo se dispondrá en un único pago, con un plazo de vencimiento de hasta 60 meses (cinco años). Dicha financiación se devolverá con la percepción de la ayuda y/o indemnizaciones solicitadas.
Adicionalmente, se habilita una tercera modalidad con la articulación de avales sobre operaciones de préstamo dirigidas a empresas y autónomos destinadas a la recuperación de la capacidad productiva de las empresas.