Decenas de miles de vehículos —unos 128.000, según los últimos cálculos del Ministerio de Industria— primero agolpados entre el barro en las calles de las localidades afectadas y, posteriormente, apiñados unos sobre otros en ‘cementerios’ improvisados en los cascos urbanos de esos municipios. Ambas han sido dos de las imágenes más visibles de la virulencia de la dana del pasado 29 de octubre, un golpe con impacto directo en una parte de la ciudadanía que ha visto cómo tiene que abordar la compra de un nuevo coche tras perder el suyo con la tragedia. Un escenario de urgencia ante el cuál las distintas administraciones han comenzado a mover ficha con mayor o menor importancia, siendo el Gobierno central el que ha lanzado el mayor plan hasta ahora.

El mismo, que prohibe además la subida de precios en empresas de compraventa para evitar abusos, veía la luz la pasada semana con la aprobación en un Consejo de Ministros extraordinario del tercer decreto ley de medidas para los afectados, un documento con el que se establece destinar hasta 465 millones de euros —de los más de 2.270 de los que se compone el texto legislativo— a facilitar la compra de un coche o moto nuevos o usados para aquellos que se han visto perjudicados.

La iniciativa, recogida bajo el nombre ‘Plan Reinicia Auto+’ y cuyo plazo de solicitud se alargará hasta el 30 de junio de 2025, se compone de ayudas directas cuya principal ventaja es que no se tendrán que devolver, algo que tanto la patronal de los concesionarios (Faconauto) —cuyos establecimientos se pueden adherir desde el pasado lunes a este programa— como la de los fabricantes (Anfac) celebraron añadiendo la «rapidez» y, especialmente, la «diversidad» de la que se compone la iniciativa.

Y es que la cuantía de las ayudas —dentro de un programa que según explicó la semana pasada el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se pondrá en marcha «a mediados de diciembre»— dependerá del tipo de vehículo por el que se opte (turismos, furgonetas, camionetas ligeras y motos), la antigüedad (nuevo o de segunda mano de hasta 3 años) y la tipología del mismo (si es eléctrico, híbrido o de combustión). Las mismas se aplicarán también de manera retroactiva a todos aquellos vehículos nuevos, adquiridos y matriculados en España a partir del día posterior a la tragedia, es decir, el pasado 30 de octubre.

Asimismo, sobre quién podrá acogerse al plan, el Gobierno especifica que cada solicitante de ayuda solo podrá obtener una subvención por cada vehículo siniestrado. Eso sí, en el caso de las personas físicas, si acreditan que tienen la titularidad de más de una de estas unidades golpeadas ante la Dirección General de Tráfico (DGT), podrán optar a un máximo de dos subvenciones. Y, en el caso de las personas jurídicas, a un máximo de cinco ayudas.

Los importes de la ayuda

Pero, ¿cuánto dinero se puede recibir dentro de estas ayudas? Según señaló a finales de noviembre el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el importe que facilitará el Ejecutivo para cada compra —en un momento en el que los coches se encuentran de media rondando los 24.000 euros de coste, según datos de la Agencia Tributaria— comenzará en los 500 euros y se extenderá hasta los 10.000. En este sentido, un detalle importante es que estas bonificaciones se podrán sumar a las indemnizaciones que el Consorcio de Compensación de Seguros está pagando a los ciudadanos afectados en esta materia.

Sobre el importe concreto que se recibirá en cada caso, el decreto-ley del Ejecutivo señala que para la adquisición de vehículos nuevos se añadirán 10.000 euros más a lo que aporte el Consorcio si es un coche eléctrico o con etiqueta CERO, mientras que para la compra de un coche híbrido o de combustión —etiqueta ECO o C— el importe llega hasta los 5.000 euros. Si, por el contrario, se opta por uno usado, la horquilla de la bonificación se sitúa entre los 4.000 —para un eléctrico— y los 2.000 euros para híbrido y combustión. Por su parte, en el caso de las motos nuevas se darán 2.000 euros si son eléctricas y 1.000 si son híbridas o de combustión y, si son usadas, entre 1.000 y 500, respectivamente. Hay que señalar también que el Gobierno —según explicó Cuerpo— ha previsto un ‘extra’ de 1.000 euros para personas con movilidad reducida, los cuales se añaden a un paquete adicional de 3 millones cuyo objetivo es ayudar a que estos coches se puedan adaptar a sus necesidades.

Exención del ITP

Al plan del Ejecutivo central se suma también una —considerablemente menor— ayuda proveniente de la Generalitat. En concreto, según comunicó hace casi un mes el Consell de Carlos Mazón, se ha establecido una bonificación del 100 % de la cuota del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) —cuyo pago se debe hacer en el momento de realizar la compra y cuyo tributo en el caso valenciano asciende al 6 %— para la adquisición de vehículos que reemplacen a aquellos destruidos por las inundaciones.
En este sentido, dicha adquisición se debe realizar desde el 29 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, ambos inclusive y a ella se podrán acoger todos aquellos ciudadanos que decidan adquirir un vehículo usado de otro particular. Eso sí, no se ha adoptado por el momento por ningún tipo de ayuda vinculada a la adquisición de coches nuevos.

El consorcio de Compensación de seguros abona indemnizaciones a los afectados tras recibir más de 140.000 solicitudes

Desde hace un mes, todos aquellos ciudadanos y empresas que vieron como la riada se llevaba por delante sus vehículos —dejándolos en la gran mayoría de casos siniestrados— ya están pudiendo recibir los importes que abona el Consorcio de Compensación de Seguros. Estas indemnizaciones, según especificó desde el primer momento la entidad estatal, se traducirán en un importe que eleva en un 20 % el valor venal —es decir, el que tenía ese coche antes de un siniestro como la dana y cuyo cálculo se hace restándole al valor oficial un porcentaje dependiendo de la antigüedad— del vehículo. Según destacó hace semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estos gastos del Consorcio alcanzarán una cifra «inédita», rondando los 3.500 millones de euros.

Las mismas, según especifica la entidad, tienen como requisitos para poder acceder tener una póliza de seguro vigente y la prima pagada. Además, se recomienda tener también el recibo del pago de este, además de fotografías o vídeos que acrediten el estado en el que ha quedado el coche tras el pasado de la riada. En este sentido, el Consorcio indemniza bajo las condiciones de la póliza de seguro original (bienes, capital, límites, etcétera) y, dentro de ella, se necesita tener cobertura por daños al vehículo (ya sea todo riesgo, lunas, robo) o el seguro obligatorio del vehículo (a terceros).

Para llevar a cabo este proceso, se movilizaron «cerca» de 1.500 peritos a los municipios afectados con el objetivo de agilizar al máximo posible los pagos, según avanzó hace pocas semanas el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, José Antonio Fernández de Pinto. Con ello se ha logrado que , según los últimos balances, se hayan solicitado ya 140.000 de estas indemnizaciones ligadas a vehículos golpeados.