El Consell calcula que las viviendas con daños muy graves por la dana superan las 2.500, aunque la riada afectó en mayor o menor medida a 60.900 tras golpear una superficie equivalente a 110.000 campos de fútbol, según datos recogidos por el Colegio de Registradores. De las viviendas más afectadas, 492 han tenido que ser desalojadas por problemas estructurales, 1.658 han sido declaradas no habitables por los daños, 160 tienen que ser demolidas y otras 216 han sido apuntaladas. Ante esta situación, la Administración central y autonómica han desplegado un plan de ayuda sin precedentes en los últimos ochenta años. El Gobierno concede ayudas directas de hasta 60.000 euros por hogar y el Consell ha movilizado 200 millones de manera urgente con entregas de 6.000 euros por casa como primeras soluciones de impacto.

La plataforma Idealista ha calculado el coste que supondrá la rehabilitación de las viviendas situadas en planta baja en los municipios afectados con una media de 90 metros cuadrados por inmueble. Si los daños no son cuantiosos y la vivienda puede volver a estar habitable con una reforma media (limpieza, pintura, suelos, puertas, mobiliario básico de las cocinas e instalación eléctrica) el coste aproximado sería de 24.000 euros por vivienda.

En el caso de daños más graves (pero sin afectar a la estructura), las viviendas que necesiten una mayor intervención (lo incluido en la reforma media más rehacer tabiques, ventanas, sistemas de fontanería o de gas) los costes aumentan hasta los 47.800 euros de media. Estos costes aproximados no tienen en cuenta la adquisición de nuevos muebles y otros enseres, ciñéndose únicamente a la rehabilitación de la vivienda.

Ante este panorama, desde principios de noviembre se pueden solicitar las ayudas directas del Gobierno para reparar las viviendas dañadas y reponer los enseres domésticos. En concreto, las ayudas del Gobierno por daños en la vivienda habitual o arrendada son de hasta 60.480 euros por la destrucción total del inmueble; de hasta 41.280 euros por perjuicios que afecten a la estructura; de hasta 20.640 por roturas que no afecten a la estructura; y de hasta 36.896 euros por desperfectos en elemento comunes de una comunidad de vecinos. En el caso de los enseres (muebles y electrodomésticos) y todo lo que hace habitable una casa el apoyo es de hasta 10.320 euros.

Por otro lado, las ayudas anunciadas por la Generalitat de hasta 6.000 euros por vivienda afectada también se pueden solicitar. La Generalitat ha habilitado una página web en su sede electrónica que ya está disponible y desde la que se pueden reclamar estas subvenciones. Las personas cuya viviendas hayan sufrido daños como consecuencia del temporal, y se encuentre dentro de los términos municipales damnificados, pueden solicitar la subvención hasta el 16 de diciembre de 2024.

De forma paralela, Nedgia, la distribuidora de gas del Grupo Naturgy, reparará o sustituirá a su cargo instalaciones y equipamientos de gas (calderas y calentadores) y ayudará económicamente al reemplazo de electrodomésticos (lavadora y frigorífico) de los afectados. Esta medida tendrá un impacto potencial sobre aproximadamente 25.000 viviendas y comercios. La estimación del importe de esta ayuda es de 15 millones de euros.

Endesa anunció la condonación de la factura mensual de luz y gas a sus clientes ubicados en los municipios afectados por la dana en la Comunitat Valenciana, atendiendo al listado de localidades especificado por el Gobierno central. Además, la compañía energética ha reforzado sus canales de atención al cliente para poder solicitar el aplazamiento de sus facturas o cualquier otra cuestión derivada de la aplicación de las medidas aprobadas por el Gobierno.

Por su parte, Feníe Energía ha creado un fondo de ayudas con una dotación inicial de 300.000 euros para clientes y para sus empresas instaladoras que se han visto afectados por las graves lluvias torrenciales e inundaciones derivadas de la dana. La compañía ya acordó paralizar los cortes de suministro y ofrecer facilidades de pago a los clientes.

Situación a medio plazo

El primer Real Decreto de «medidas urgentes de respuesta a los daños causados por la Dana» ya anunció que más allá de las ayudas directas, el Gobierno y la Generalitat trabajan en actuaciones para «ofertar soluciones definitivas» a las personas que han perdido su vivienda. «También se está trabajando en medidas para disponer de suelo finalista destinado a la construcción de viviendas asequibles en las zonas afectadas», así como la movilización de los recursos de la Entidad Estatal del Suelo (Sepes) y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

El nuevo vicepresidente segundo del Consell, el teniente general Francisco José Gan Pampols, explicó este lunes que a pesar del impacto en la vivienda el número de realojos es relativamente bajo «por la amplia red familiar de apoyo que hay en las poblaciones afectadas. En el antiguo hospital La Fe de Campanar hay 29 personas realojadas y otras 98 se encuentran en otros centros. Gan Pampols añadió que la Generalitat trabaja para disponer de unas 300 viviendas públicas para los afectados. De ellas, 184 están en la pedanía de La Torre (son inmuebles que están siendo rehabilitados), 30 se están acondicionando en otros municipios y otras 75 con una disponibilidad media que se encuentran en fase de rehabilitación en la provincia.

Además, el Gobierno central y la Generalitat llegaron a un acuerdo para la cesión de más de un centenar de viviendas propiedad de Sareb (Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), para destinarlas a las familias afectadas por la dana.

Sareb tras un análisis inicial y visita de las viviendas de las que dispone en las zonas afectadas por la catástrofe de la dana ha puesto a disposición de las administraciones públicas 150 viviendas de forma gratuita e inmediata, que están siendo entregadas tras ser amuebladas y acondicionadas.

La titular del Ministerio de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció tras reunirse de manera telemática desde la Delegación de Gobierno de Valencia con los ayuntamientos de los municipios más afectados por la dana que están trabajando en un registro oficial de las personas que necesitan ser realojadas y que ahora están viviendo en casas de familiares o amigos. La Administración todavía no tiene un número cerrado de cuántas viviendas hacen falta. De momento, solo han salido estimaciones de las inmobiliarias que calculan que en los municipios de l’Horta Sud golpeados por la riada faltan 6.000 viviendas.

Los afectados podrán aplazar el pago de la luz y el gas hasta finales de 2025

Los afectados por la dana podrán aplazar el pago de la luz y el gas hasta el 31 de diciembre de 2025, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) que concreta las ayudas ur gentes aprobadas por el Gobierno. Los consumidores de los municipios devastados tendrán la posibilidad de abonar las facturas del año que viene en varios plazos a partir de 2026. Además, el Gobierno impide cortar el suministro de la electricidad, el agua o de derivados del petróleo por impago a las familias vulnerables que viven en los municipios inundados.

El Real Decreto con las medidas de apoyo energético incide en que son para todos los puntos de suministro ubicados en las localidades afectadas por la dana y subraya en que la «flexibilización» se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025. En el caso del gas natural «los consumidores podrán solicitar a su comercializador el aplazamiento del pago de las facturas giradas a cobro» durante 2025. «Para evitar incentivar el consumo con pago aplazo, se incluye como límite» un importe «igual o inferior a la energía consumida en la misma factura emitida en el año anterior».

Los consumidores de gas tendrán un año, que será 2026, para abonar las facturas aplazadas. «A fin de no dificultar la gestión comercial de la empresa se establece que se regularizarán en las facturas ordinarias», aclara el Real Decreto.

En el caso del suministro de electricidad, los consumidores también podrán aplazar durante todo 2025 el pago del consumo, pero el plazo para regularizar el abono es de seis meses. El titular no podrá cambiar de comercializador mientras tenga cantidades pendientes de abonar.

También hasta el 31 de diciembre de 2025 y con el fin de proteger a los consumidores más vulnerables, las empresas de distribución no podrán interrumpir en caso de impago el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo (incluidos los gases manufacturados y licuados), gas natural y agua.